Las Entidades de Convergencia para la Atención, Asistencia y Apoyo a Personas con Discapacidad (CAAAD) muestra preocupación ante una Ley de Dependencia muy lejos de garantizar la sostenibilidad de los servicios por falta de financiación.
El Consejo de ministros aprobará hoy el anteproyecto de reforma de la Ley de Dependencia. Desde la CAAAD , movimiento asociativo empresarial del Tercer Sector en defensa de los derechos y el apoyo y atención de la personas con discapacidad, ven con preocupación una reforma que consideran a medias donde se recuerda en tanto que esta reforma pone en peligro también a las entidades prestadoras de servicios, y un sistema de atención social y asistencial de calidad y sostenible. La aprobación de esta reforma de Ley ha generado gran preocupación en el sector social y asistencial. Desde la CAAAD se alerta de que las entidades prestadoras de servicios se encuentran ante una falta de una financiación adecuada poniendo en riesgo la viabilidad del sistema y el acceso real de las personas a servicios esenciales de calidad. El diálogo y consenso entre el gobierno y las entidades prestadoras de servicios es crucial para construir un sistema social y asistencial sostenible, centrado en la persona. Es fundamental que la ley no solo reconozca las necesidades de las personas dependientes, sino que también impulse un sistema de financiación que sea capaz de cubrir esas necesidades con los recursos necesarios. Esta financiación debe basarse en criterios objetivos como la discapacidad, el grado de dependencia, y las particularidades que ello conlleva. La desinstitucionalización, que se presenta como una oportunidad para asegurar los derechos de las personas, podría convertirse en un riesgo si no se dotan los recursos suficientes. Sin el respaldo económico necesario, la promesa de una atención centrada en la persona podría derivar en una institucionalización del abandono, con consecuencias graves para los derechos y la calidad de vida de las personas dependientes. Las futuras leyes relacionadas con la discapacidad y la dependencia deben ser el fruto de un amplio consenso entre todos los actores implicados. No basta con que las leyes se diseñen desde una perspectiva política, sino que deben responder a las necesidades reales de las personas, como la atención adecuada, una educación i programas de empleo adaptados, y programas de respiro para las familias que desempeñan un papel fundamental en el cuidado. Es imprescindible que las leyes de dependencia y discapacidad traten por igual a todas las personas y a las entidades prestadoras de servicios, independientemente del territorio en el que vivan. El acceso a la atención y a los recursos debe ser equitativo y garantizarse en todo el país, sin distinciones, para que ningún ciudadano quede desprotegido.
